Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Sonora

Dr. Carlos Germán Palafox Moyers   Tercera parte

En el artículo anterior señalábamos que el combate a la corrupción y a la impunidad es una prioridad en México porque ambos fenómenos erosionan las instituciones, socavan los principios de legalidad y legitimidad y reproducen prácticas contrarias a la ética pública y, por otra parte, deterioran el tejido social. También señalábamos las dos grandes visiones que tiene la sociedad civil ante este grave fenómeno social y plantéabamos que son: La del gradualismo y la del “hartazgo”.


Sobre el gradualismo, algunos de sus impulsores han venido trabajando con conocimiento de causa, profesionalismo y mucha paciencia, y los cambios no han sido tan relevantes y contundentes en diversos espacios para construir mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la esfera pública. Esto se podría clasificar como un gradualismo romántico. También resaltábamos el gradualismo ramplón ya que algunos de sus integrantes establecen vínculos con las estructuras de poder, y esto les permite obtener ciertos privilegios y prebendas en aras de la lucha contra la corrupción y rendición de cuentas y hacer que están combatiendo el fenómeno sin cambiar nada sustancial. Actúan hasta donde les permite la cuerda.

La otra visión de la sociedad civil es la del “hartazgo”. Es decir, la idea de que no es suficiente con empujar cambios en las legislaciones, los reglamentos y los procedimientos vía el diálogo y la propuesta, sino que el estado de cosas es tan malo que urge ejecutar acciones concretas contra la ineptitud, la opacidad y la corrupción de la clase política. Sentar precedentes de justicia y legalidad. La crítica: es demasiado radical y, por lo tanto, riesgoso.

Esta caracterización de las diferentes visiones de la sociedad civil ante el fenómeno de la corrupción- impunidad permitirá aclarar la conformación del Comité de Selección, sus conflictos internos así como su pobre desempeño ante la sociedad sonorense. El presente documento busca explicar, bajo el contexto nacional y regional, el comportamiento errático, fallido de conformar un verdadero Comité Ciudadano que busca disminuir o en su caso erradicar la corrupción, impunidad y abuso de poder de las élites políticas.


De acuerdo con la Ley Estatal Anticorrupción será el Congreso del Estado de Sonora el que constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve personas, por un período de tres años, de la siguiente manera:


a).- Convocarán a las Instituciones de Educación Superior y de Investigación para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para seleccionar a cinco miembros.

b).- Convocarán a las Instituciones de la Sociedad Civil especializadas en la materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro de sus miembros.


Es importante señalar que de acuerdo a diversos estudios (IMCO,2016) sobre los Congresos Locales se sabe poco sobre su funcionamiento interno, estructura administrativa, así como el manejo de los recursos públicos. Además existen condiciones de opacidad y falta de rendición de cuentas. Esto sin duda alimenta la desconfianza y falta de un sentido de representación hacia los legisladores; solo el 17% de los mexicanos se sienten representados por sus congresos estatales, Sonora no es la excepción.

Las facultades de los legisladores son de: Representatividad, esto es defender el interés público; Legislativa, presentar y aprobar leyes; De control, vigilar el cumplimiento de otros poderes; Político Administrativo, como el de ratificar nombramientos; y, finalmente, la facultad Jurisdiccional, esto es iniciar juicios políticos. Salirse de sus funciones constituye un abuso de poder y un costo adicional para el erario público. En lo relativo a este aspecto en el año 2015,19 congresos locales gastaron más de mil millones de pesos en “ayuda social”. Hay una “tradición” en el Congreso Estatal de Sonora de asignarse entre tres y cuatro millones de pesos etiquetados para “ayuda social” o “fondo o gestión legislativa” al año, lo que constituye un claro abuso de poder de mantenerse algunos de estos conceptos. Además crearon el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias que más que fungir como un Centro de Investigación es más un mercado laboral para los compromisos adquiridos de los diferentes partidos que conforman la estructura legislativa y crear un elefante blanco con un alto costo para el erario público. Un sujeto obligado, como es el Congreso del Estado, debe brindar transparencia, austeridad, eficiencia y rendir cuentas… nada más alejado que estos principios.

Otro botón más: Según datos de la Dirección General Administrativa del Congreso del Estado, el salario de los legisladores pasó de 65,775 pesos mensuales en el 2006 a 108,713 pesos en el 2016 lo que representó un incremento del 65 por ciento en ese período. Además hay que agregarle la partida 3919, denominada Gestión Legislativa, que asciende a casi 100 mil pesos mensuales por diputado. Este incremento está por encima del crecimiento que ha presentado el salario mínimo de la clase trabajadora del Estado, situación que representa una verdadera ofensa para el ciudadano común y corriente.

Así, los presidentes de la Comisión Anticorrupción ( PRI) y Fiscalización (Panal), así como otros integrantes de dichas comisiones conforman una Comisión de Selección Ciudadana, casi en su totalidad, de acuerdo a sus intereses y no de la sociedad ya que las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación con reconocimiento de excelencia en el cual laboran un total de 559 científicos en diferentes áreas y forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), registrados ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en donde la Universidad de Sonora representa el mayor número, con un total de 302; en tanto que de El Colegio de Sonora figuran 23. Del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) son 90 investigadores registrados en ese organismo; mientras que de la Universidad Estatal de Sonora son 23, y del Instituto Tecnológico de Hermosillo, nueve (Conacyt 2016), no postularon a ninguno de sus integrantes para la conformación de la Comisión Seleccionadora. Por algo será. El único integrante que cumplía con este requisito no fue avalado por el Centro de Investigación de prestigio en el cual labora, suceso jamás antes visto en ningún proceso de selección de ciudadanos. La Selección del Comité se dio de Centros e Instituciones de muy bajo nivel académico. (Ni modo de pedir peras al olmo, ya que la mayoría de los diputados provienen de estos centros educativos).

En lo relativo a la convocatoria de las instituciones de la sociedad civil especializados, en materia de fiscalización, rendición de cuentas, sucedió algo similar ya que realmente había una sola institución que representaba verdaderamente a la Sociedad Civil y el resto de las organizaciones presentaban una baja presencia y de poco reconocimiento de la sociedad.

De tal manera que la mayoría de los integrantes del Comité Seleccionador representaban a las diferentes corrientes políticas de la Comisiones de Anticorrupción y de Fiscalización, uno a la sociedad civil y los gradualistas ramplones, éstos últimos eran minoría y por lo tanto fue demasiado fácil imponer un presidente que garantizara los compromisos de los diversos grupos políticos a cualquier costo. ¿Qué sucedió al interior?, sólo ellos lo saben. Pero la operación no fue dirigida por los gradualistas, como lo pensaban en su momento, y sí por alguien que controlara y tuviera el veto para cualquier aspirante incómodo para los diversos grupos.

El primer conflicto real al interior de la Comisión surge por el método de eliminación a las y los diferentes aspirantes; los gradualistas utilizan el cálculo y la precisión para eliminar a los peligrosos y radicales ciudadanos. Y por el otro lado, el “presidente” utiliza un tremendo cuchillo cebollero que es utilizado con saña desmedida despedazando sin piedad alguna al ciudadano que cree que afectará los intereses de quienes lo pusieron en esa posición. El segundo conflicto, todavía más fuerte y que generó una severa crisis al interior de la comisión, se da en la asignación de las cuotas (integrantes del Comité Ciudadano). Los gradualistas propondrían al mejor evaluado y el presidente garantizaría el resto, pero los cálculos no es lo fuerte del presidente y le salen mal las cuentas ya que no logró mantener las exigencias de los diversos grupos políticos (los 4 integrantes de un mismo partido) y vuelve a utilizar el cuchillo cebollero generando un baño de sangre y el caos total.

En la próxima entrega se continuará con el relato –una hipótesis que el tiempo se encargará de comprobar– y el posible desenlace del proceso inconcluso del SEA, así como la respuesta seria y responsable que está organizando un grupo de ciudadanos sobre el tema.


Dr. Carlos Germán Palafox Moyers


Investigador y Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Consejero del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora (OCCSES).
Email: economia@guaymas.uson.mx

 

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