Incremento en la tarifa del transporte público: Un severo golpe a la economía familiar sonorense, vía CCT

Un severo golpe a la economía familiar sonorense, vía CCT

Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
Investigador y Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Consejero del Observatorio de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora.
Email: economia@guaymas.uson.mx

El golpe del incremento de las tarifas del transporte va directo al corazón de la economía familiar de los sonorenses más desprotegidos del Estado.


Será sumamente artero el alza del 64.23% en la tarifa para la sociedad al pasar de 7 a 11.50 pesos, en las precarias condiciones económicas en las que se encuentra actualmente la economía local y regional, destacando el subempleo y los pésimos salarios. Tampoco se queda atrás el 18% de incremento en las tarifas para el transporte suburbano.

Para ejemplificar este aspecto, relacionaremos el incremento desorbitado de la tarifa del transporte, por un lado,con el salario mínimo que se paga en la región y, por otro, la población trabajadora con sus niveles de ingreso, y de igual forma cuestionarnos lo siguiente

¿Por qué esta decisión tan errónea?

¿Quién está influyendo en esta decisión tomada por el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora?

El primero de enero del presente año el incremento al salario mínimo fue de 7 pesos lo que significa un monto de ingresos de 80 pesos diarios; este incremento se pulveriza con el pago de un pasaje y medio de transporte urbano, esto es, pulveriza el incremento salarial de todo el año.

El salario mínimo equivale aproximadamente a tan solo 4.44 dólares diarios; su valor se encuentra por debajo de la línea de bienestar, y el poder de compra de los trabajadores ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años. Una parte importante de los salarios se destina al rubro del transporte, lo cual representa en promedio entre un 15 % a 22% de sus ingresos, antes del posible incremento. Sin duda, este incremento afectará sobremanera a los sectores sociales que utilizan cotidianamente este medio de transporte.

El transporte público es un servicio de vital importancia para la clase trabajadora y la de sus hijos, ya que les permite llegar a sus centros de trabajo y a sus escuelas de manera oportuna para el desarrollo de sus actividades. Este servicio público nunca ha sido atendido de manera eficiente y eficaz por el Gobierno del Estado. El servicio de transporte,así como el servicio del agua y alumbrado — entre otros servicios que brinda el estado o municipio–se denominan bienes públicos que no deberían estar bajo la lógica del“negocio lucrativo” y sí para brindar un mejor servicio a la sociedad.

Niveles de Ingresos

Algunos “analistas” señalan que, en los últimos años, los salarios que se pagan en el Estado están entre los más altos de toda la economía mexicana, y los ingresos que perciben los trabajadores les permiten mantener un estándar de vida adecuado. Nada más alejado de la realidad y los siguientes datos lo confirman: En lo relativo a los ingresos de los trabajadores en el año 2016, el 6% de la población ocupada ganaba menos de un salario mínimo, es decir, hasta 80 pesos; el 28% de la clase trabajadora ganaba entre 1 y 2 salarios mínimos, esto es, entre 80 y 160 pesos; el 25% de la población trabajadora ganaba entre 2 y 3 salarios mínimos, lo que significa que percibían entre 160 y 240 pesos diarios. El impacto del aumento del transporte le pegará a casi el 60% de la clase trabajadora remunerada en el Estado con ingresos salariales precarios, y que forzosamente requieren el transporte para ellos y sus familias. La desigualdad de ingresos se está incrementando de una manera importante en el Estado de Sonora en los últimos años. Este aumento en las tarifas del transporte público, si lo dejamos pasar, incrementará la desigualdad, así como la pobreza y productividad laboral.

Lo que viene para el 2017 en términos de inflación general es muy fuerte ya que en el mes dejunio se presentó una tasa de inflación anual de 6.30%, y la inflación de la canasta básica se disparó en 8.20% a nivel nacional por el incremento en el precio de los hidrocarburos, entre otros productos a nivel nacional. Además habría que agregarle, a nivel local, los incrementos en la tarifa del agua, predial, alumbrado público entre otras linduras que están pegando en el poder adquisitivo de los hogares de Sonora y que se reflejará en un incremento de la pobreza laboral. Esta situación se agravará aún más si hay incremento en la tarifa del transporte público, como lo plantean el CCT y los concesionarios.

Además como lo señala el Observatorio de la Ibero (2017), el 21% de las familias pueden comprar con sus ingresos la canasta básica; el resto de la población (79%) no puede acceder a ella debido a que el salario mínimo es 5 veces menor al que debería ser, a pesar del incremento de los 7 pesos que se dio al inicio del año. Por ello, se requiere un Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos.
Subsidios y el Consejo Ciudadano del Transporte público Sustentable del Estado de Sonora (CCT)
Una de las preguntas que se hace la sociedad, hasta la fecha, es: ¿Dónde quedaron los 600 millones de pesos que autorizó el Congreso del Estado para modernizar el sistema de transporte público en Sonora? Los sonorenses necesitamos conocer el destino del crédito de los 600 millones de pesos que se etiquetaron para la modernización del transporte urbano. Uno de los compromisos adquiridos por el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en su momento, era solicitar al Gobierno Padrecista que aclarara dónde quedó el recurso asignado para poder solventar la crisis del transporte, y la respuesta, al parecer para acallar las voces fue la asignación–vía Congreso del Estado– de 10 millones de pesos al año y hasta el día de hoy se mantiene la partida presupuestal de los 10 millones de pesos para el “funcionamiento” del Consejo Ciudadano del Transporte.

Por primera vez el Consejo Ciudadano presentó información de la Cuenta Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2015. En la revisión el ISAF detectó 24 observaciones que han sido parcialmente solventadas, donde destacan:
“[…]
3) Impuestos por Pagar: * Al momento de nuestra revisión el Sujeto Fiscalizado presenta un saldo por pagar al 31 de octubre de 2015, por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta de Honorarios Asimilados a Salarios por $716,700, según consta en el análisis realizado a los registros contables.[…]

5) Organización del Ente: A la fecha de revisión, el Sujeto Fiscalizado no había dado cumplimiento con la presentación de la información ante Oficialía Mayor relativa al avance de sus procesos y proyectos autorizados; la eficiencia de los resultados de sus metas, y la justificación a las modificaciones que se lleguen a realizar; así como la información complementaria presupuestal y financiera del período de enero a octubre de 2015, de conformidad con lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2015[…]

7) Organización del Ente: A la fecha de nuestra revisión, el Sujeto Fiscalizado incumplió con los ordenamientos que lo obligan a poner a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios de Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica, o a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, diversa información señalada en la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que no cuenta con Portal de Transparencia. Cabe mencionar que el Sujeto Fiscalizado se obliga a cumplir con las disposiciones de la presente Ley, toda vez que se trata de un Órgano constitucionalmente Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios […]” (ISAF 2016).

Además se puede constatar que a tres años y medio de su creación no cuenta con un enlace o página electrónica donde se presenten sus avances, reuniones, así como las minutas de las mismas. Por increíble que parezca no tienen un domicilio público para los trámites legales. Sin embargo el CCT gastó el año pasado una “miserable cantidad” de 6 millones 282 mil pesos, para ese año el presupuesto autorizado fue de 10.6 millones de pesos, misma cantidad que se programó para este 2017 –según el presupuesto de egresos publicado en la Gaceta del Congreso del Estado. Esto demuestra una total opacidad no solo en la utilización de los recursos de la sociedad civil, sino que no hay evidencias de una interacción constante entre el CCT y la Sociedad. Pero más grave aún es que no hay un avance hacia la sustentabilidad en el transporte público del Estado.

Por ello es importante reflexionar sobre la pertinencia de la creación de un Consejo Ciudadano del Transporte, así como de considerar la opinión de los usuarios del transporte para determinar la tarifa.
Sexenio a sexenio, el usuario del transporte público exige un servicio digno: Unidades limpias, choferes respetuosos del pasaje y de las Leyes del Tránsito, reducción en los tiempos de espera y finalmente camiones equipados con aire acondicionado.

Mientras no se cumplan estas condiciones por parte de los gobiernos, difícilmente podremos clasificarnos como la Capital del Noroeste, eslogan que tanto embellece y ensalza los discursos de los funcionarios en turno. Por la tanto, se propone el incremento de un peso a la tarifa del transporte (un incremento del 14%), la desaparición del CCT pero que se le haga una auditoría, y la conformación de un Consejo Técnico que incorpore a la Unión de Usuarios de Hermosillo, Vigilantes del Transporte, Autoridades y Concesionarios.

 

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